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La condicionalidad y el FMI ¿Por qué condiciona el FMI sus préstamos?

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altEn nuestro país es mucho lo que se ha comentado sobre la reciente ronda de conversaciones entre autoridades del gobierno dominicano y del Fondo Monetario Internacional en ocasión del lanzamiento de un amplio reporte sobre el estado de nuestra economía el pasado 8 de marzo.

Sin tomar una posición u otra, se precisa destacar que las críticas al Fondo no se limitan al proceso de selección de su ‘‘Director Gerente’’ quien siempre proviene de Europa o la composición de su personal (en una gran proporción proveniente de escuelas de economía anglosajonas). De hecho, estos son temas mucho menos controversiales que la muy estudiada condicionalidad del FMI: la práctica de otorgar préstamos con ciertas condiciones atadas. En no pocas ocasiones hemos escuchado economistas del Fondo sugerir a nuestro país medidas que son altamente impopulares: aumentos de la tarifa eléctrica, desmontes graduales de subsidios al gas licuado de petróleo, reducciones en el gasto público, etc. Son casualmente las medidas de tipo impopular las que usualmente terminan como condiciones atadas a los programas de préstamo con la organización.

La crisis de deuda internacional de la década de 1980 convirtió al FMI en una organización clave en el manejo de las crisis de balanza de pago de sus miembros. Una vez los problemas de balanza de pago se volvieron completamente insostenibles para los mercados de capital, el FMI encontró por nueva vez su raison d'être. Sumado a ello, la naturaleza de la crisis del mundo en desarrollo en esa década (especialmente América Latina) y el peligro de Estados declarándose en bancarrota, posicionaron al Fondo como interlocutor entre gobiernos y actores de los mercados de capital privado. Este rol de interlocutor sirvió para impulsar políticas de estabilización macroeconómica que permitieran a los gobiernos endeudados generar la confianza necesaria para recibir préstamos de bancos e inversionistas. Una parte importante del sustento teórico de las medidas económicas recomendadas por el Fondo proviene de Jacques Polak un prominente economista de la organización. En la década de 1950 Polak creó un modelo que sugería fuertes reajustes monetarios como una contracción del crédito doméstico con una subsecuente reducción en el gasto público para corregir desequilibrios en la balanza de pagos. Dicho modelo es esencial para comprender el razonamiento de los economistas del FMI.

Desde una perspectiva jurídica, algunos expertos afirman que la condicionalidad fue un producto político sin base legal: ella fue una imposición de los Estados Unidos de Norteamérica en las discusiones que llevaron a la creación del FMI. De hecho, en el convenio constitutivo del FMI la práctica de atar condiciones a los préstamos no está expresamente prevista. Sumado a ello, los acuerdos firmados por gobiernos con el Fondo no tienen stricto sensu, un carácter legalmente vinculante. En efecto, el Directorio Ejecutivo del FMI en su decisión Número 6056-(79/38) afirmó: ‘‘Los Acuerdos Stand-By no son acuerdos internacionales por lo que el lenguaje con una connotación contractual será evitado…’’. Sin una base legal clara y con muchos detractores, ¿por qué persiste la condicionalidad? En la lógica de la organización esa es la mejor forma de garantizar que los miembros cumplan con sus obligaciones financieras y salden sus préstamos.

Aunque varios expertos como William Easterly (2011) y Alex Dreher (2009) han demostrado que la condicionalidad tiene efectos corrosivos en las economías de los países que reciben fondos del FMI, algunos como Todd Moss (2011) ven el problema en el paciente y no en la receta. En efecto, los defensores de la condicionalidad arguyen que el problema no son los programas del FMI, sino algo que llaman el ‘‘síndrome de reformas parcial’’: si bien los gobiernos receptores de financiamiento implementan exitosamente las condiciones más sencillas (como devaluar su moneda o elevar las tasas de interés), esos mismos gobiernos rara vez implementan las reformas que tienen consecuencias políticas muy adversas. En pocas palabras, la condicionalidad del FMI no brinda los resultados deseados no porque las prescripciones sean incorrectas, sino porque los gobiernos no cumplen con las condiciones acordadas.

Indudablemente un conocimiento más profundo y sofisticado de la condicionalidad es necesario para juzgar dicha práctica con un acercamiento verdaderamente objetivo. Lamentablemente, la compleja naturaleza de los acuerdos que firma cada miembro con el FMI y el velo que históricamente ocultó las negociaciones del Fondo con gobiernos, se han constituido en obstáculos para llegar a conclusiones generales a favor o en contra de la condicionalidad como práctica.

Por Emil E. Chireno Haché. Analista del CDRI. Abogado con estudios de maestría en Relaciones y Economía Internacional de Seton Hall University en Los Estados Unidos de Norteamérica. Anteriormente fue investigador del Carnegie Council for Ethics in International Affairs en Nueva York y consultor de la Organización Internacional del Trabajo. Actualmente es abogado asociado de la firma Michel Abreu Abogados.

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