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ANALISIS


Bosch, Aristide y Estados Unidos

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Por Leonel Fernández

(Publicado en Listín Diario el 11-05-2015)

De manera sorprendente, sin que antes se hubiese advertido, hay notables similitudes en la trayectoria política de Juan Bosch y Jean-Bertrand Aristide. Bosch, por ejemplo, fue electo en diciembre del 1962, como el primer presidente democrático dominicano, con más del 60 por ciento de los votos, luego de treinta años de dictadura de Rafael Leónidas Trujillo.

Tomó posesión en el mes de febrero del año siguiente, y siete meses después, en septiembre de 1963, fue derrocado mediante un golpe de Estado militar.

Igual ocurrió con Aristide. Este fue electo en diciembre de 1990, con más del 60 por ciento de los votos, como el primer presidente democrático haitiano, luego de una dictadura de casi treinta años de los Duvalier. Asumió su mandato en el mes de febrero del 1991, y siete meses después, en septiembre de ese mismo año, fue depuesto mediante un golpe de Estado militar.

Las razones de ambos golpes de Estado resultan también más o menos análogas. Bosch, un líder nacional popular, con una agenda de reformas sociales radicales, encontró la resistencia de una oligarquía conservadora, ansiosa de poder.

Aristide, un antiguo sacerdote salesiano, portavoz de la teología de la liberación, quien representaba una esperanza de profundos cambios democráticos y de desarrollo económico y social, era contemplado con gran recelo y suspicacia por las élites tradicionales del poder económico y militar.

Pero hasta ahí las semejanzas. Lo que resulta luego es la reacción de los Estados Unidos y de la comunidad internacional con respecto a la realización de esos golpes de Estado en la República Dominicana y Haití, y la eventualidad del retornos de éstos al poder.

Entre uno y otro acontecimiento transcurre un período de 28 años, es decir, toda una generación, o un ciclo político; y en esa etapa se produce una transformación en el sistema político mundial que es donde se encuentra la clave para comprender la diferencia de conducta de la comunidad internacional frente a esos dos acontecimientos ocurridos en ambos lados de la isla Hispaniola.

La Guerra Fría

Con respecto al derrocamiento del gobierno de Juan Bosch, la reacción inicial del gobierno del presidente John F. Kennedy, fue la de deplorar la realización del golpe de Estado, romper las relaciones diplomáticas con el gobierno de facto y suspender la ayuda económica y militar.

Pero dos meses después del golpe contra Bosch, en noviembre de 1963, el presidente Kennedy caía abatido por las balas de un fusil, en las calles de Dallas, Texas. Su sucesor, Lyndon B. Johnson, quien había asistido a la ceremonia de toma de posesión del presidente Bosch, al mes de ocupar la Casa Blanca reconoció al Triunvirato y restableció las relaciones diplomáticas.

Podría considerarse que el presidente Johnson adoptó ese cambio de actitud del gobierno de los Estados Unidos sobre la base de que se trataba de un fait accompli, esto es, de un hecho cumplido, del cual ya nada podía hacerse.

Sin embargo, lo cierto es que a pesar de que el presidente Bosch había tenido, a lo largo de su carrera política, una conducta democrática ejemplar, en determinados círculos de poder de los Estados Unidos había la suspicacia, alimentada por ciertos sectores conservadores de la vida nacional, de que tenía inclinaciones comunistas o era muy flexible con respecto a éstos.

Lo que han venido a revelar los documentos desclasificados del gobierno de los Estados Unidos, con respecto a este tema, es que desde la Embajada norteamericana en la República Dominicana, había posiciones ambiguas.

Por un lado estaba el embajador John Bartlow Martin, en cuyos informes se observa el propósito de tratar de preservar el apoyo de Washington al gobierno dominicano, a pesar de ciertas críticas al estilo de ejercicio gubernamental.

Para eso, incluso, viajó a la capital norteamericana, poco antes del golpe, tratando de conquistar respaldo a su punto de vista en diversas agencias y departamentos del gobierno de su país. Finalmente, se entrevistó hasta con el presidente Kennedy, quien le escuchó con atención, pero al momento de la despedida, le manifestó con sutil humor, pero velada advertencia, lo que sigue. Dijo: “No quisiera que Ud. se convierta en el Earl T. Smith de mi administración”.

Earl T. Smith había sido el último embajador de los Estados Unidos en Cuba, antes del triunfo de la Revolución en 1959, y con su mensaje lo que Kennedy le estaba expresando a su representante diplomático, es que no quería que la República Dominicana se convirtiera en una segunda Cuba.

Contrario al embajador Martin, los cables e informes de la CIA y de los miembros de la misión militar, MAAG, eran completamente desfavorables a la figura del presidente dominicano, sobre quien albergaban dudas y vertían el juicio de que en el mejor de los casos resultaba impredecible.

La lógica de la Guerra Fría, de la lucha contra el comunismo y el peligro de la Revolución cubana era lo que predominaba para aquella época; y ese fue el criterio que prevaleció, cuando diecinueve meses después del golpe de Estado, con motivo de la Revolución de Abril de 1965, los Estados Unidos intervinieron militarmente en la República Dominicana, impidiendo el retorno al poder de un gobierno elegido democráticamente, bajo el criterio de evitar una segunda Cuba, o la instauración de un régimen comunista.

El caso Aristide

En el caso del golpe de Estado militar contra el gobierno del presidente Jean-Bertrand Aristide, el 29 de septiembre de 1991, el gobierno de los Estados Unidos, además de condenar el golpe, congeló los fondos del gobierno haitiano y de los líderes de la asonada militar; prohibió la exportación de dispositivos militares y policiales al país caribeño; y se propuso como objetivo el retorno de Aristide al poder.

Por su parte, el Consejo Permanente de la OEA reaccionó inmediatamente y emitió la Resolución 1080, en virtud de la cual se condenaba el golpe y se acordaba la celebración de una reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores para los días inmediatos.

En esa reunión de Ministros de Relaciones Exteriores, se decidió reconocer a los representantes designados por el gobierno constitucional del presidente de Jean- Bertrand Aristide como los únicos representantes legítimos del gobierno de Haití ante los órganos, agencias y entidades del sistema interamericano.

Se recomendó, además, una suspensión de las relaciones diplomáticas con el gobierno militar del general Raoul Cedras; poner fin a la ayuda económica y militar a Haití; y proceder a una ruptura de las relaciones comerciales.

La razón de ese cambio de actitud se debió a que como consecuencia del fin de la Guerra Fría, desde fines de la década de los ochenta y principios de los noventa, y al proceso de transición democrática llevada a cabo en América Latina y el Caribe, desde fines de los años setenta, el comunismo había dejado de ser un anatema.

Fruto de eso, de lo que se trataba entonces era de fortalecer y consolidar las instituciones democráticas. Por eso motivo, la propia OEA experimenta una renovación, y adopta una actitud más activa y resuelta en contra de los golpes de Estado.

En 1990, por ejemplo, había creado una Unidad para la Democracia, y en junio de 1991 suscribe el llamado compromiso de Santiago con la Democracia y la Renovación del Sistema Interamericano, el cual significó un cambio radical con respecto a su concepción de defensa colectiva de la democracia.

Esos cambios institucionales dentro del sistema interamericano estaban teniendo lugar en el preciso momento en que se intentaba revertir el proceso democrático con golpes de Estado en Haití, Perú, Guatemala y Surinam.

Haití fue el primer país donde los nuevos mecanismos institucionales de no reconocimiento a los gobiernos surgidos de una interrupción del orden constitucional fueron puestos en práctica. En el proceso, por supuesto, hubo muchas dificultades y tensiones. De hecho, diversos acuerdos de resolución del conflicto fueron abortados. Los militares golpistas se resistían a abandonar el poder.

Al final, sin embargo, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, bajo solicitud de los Estados Unidos, autorizó una intervención militar en la patria de Toussaint L'Ouverture.

Y fue así, de esa manera, como el 15 de octubre de 1994, luego de tres años en el exilio, Jean-Bertrand Aristide retornaba como presidente legítimo y constitucional de la República de Haití.

El tiempo y los cambios en el ámbito internacional determinaron los diferentes comportamientos adoptados por los Estados Unidos y la comunidad internacional frente a dos acontecimientos políticos de la misma naturaleza.

Estados Unidos - Cuba ¿Fin de la Guerra Fría?

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Por Leonel Fernández

(Publicado en Listín Diario el 22-12-2014)

Mientras tanto, a pesar del restablecimiento de los vínculos diplomáticos entre los Estados Unidos y Cuba, todavía falta, para que haya plenas relaciones entre ambos países, que se levante el embargo que pesa sobre el pueblo cubano desde hace 53 años.

A pesar de que hace cerca de un cuarto de siglo, con la caída del Muro de Berlín, en 1989, y el desplome de la Unión Soviética, en 1991, que la Guerra Fría había llegado a su fin, eso no había ocurrido con respecto a Cuba, cuyas relaciones con los Estados Unidos habían permanecido tensas.

Paradójica - mente, un año después de la desaparición de la Unión Soviética, en el 1992, los Estados Unidos reforzaron el embargo contra Cuba, mediante la aprobación de la llamada Ley Torricelli; y lo mismo ocurrió entre los años 2002 y 2003, cuando el gobierno cubano fue acusado por su homólogo norteamericano de desarrollar armas biológicas.

Ahora, con el reciente anuncio hecho por el presidente Barack Obama, de los Estados Unidos, y Raúl Castro, de Cuba, de restablecer las relaciones diplomáticas entre ambos países, suspendidas desde 1961, la Guerra Fría, por fi n, parece estar llegado a su término en la región del Caribe.

Algunas personas se cuestionaban por qué razón los Estados Unidos podían mantener relaciones diplomáticas formales, por ejemplo, con la República Popular China o con Vietnam, ambos dirigidos por el Partido Comunista de sus respectivos países, y, sin embargo, no hacer lo mismo con Cuba.

La respuesta, invariablemente, tiene que referirse al hecho de la presencia de la económicamente poderosa y políticamente infl uyente comunidad cubana en el Sur de la Florida, medularmente anticastrista.

No obstante, recientes encuestas indican que como consecuencia de las actitudes y estado de ánimo de una nueva generación, más del 50 por ciento de los emigrantes cubanos de esa localidad favorecen en estos momentos un cambio de política de los Estados Unidos hacia la isla.

Eso, naturalmente, parece haber contribuido a que el presidente Obama haya tomado la decisión que adoptó en favor del cambio de rumbo en las tradicionalmente tortuosas relaciones entre su país y la Cuba revolucionaria; y esto así, en razón de que aunque no podrá presentarse como candidato en la próxima contienda electoral norteamericana en noviembre del 2016, disminuye, sin embargo, el costo político que ese histórico acto de audacia pudiese tener para el Partido Demócrata.

Ambiente de distensión

Pero desde el 2009, durante su primer período de gobierno, el presidente Barack Obama había tomado algunas medidas en favor de fl exibilizar los viajes familiares, facilitar el envío de remesas a familiares y amigos, así como conceder licencias a compañías de telecomunicaciones para operar en Cuba.

De igual manera, el gobierno cubano, que preside Raúl Castro, ha venido tomando, desde hace varios años, un conjunto de acciones que revelan la voluntad política de introducir cambios en los mecanismos de funcionamiento de la economía de su país.

Entre esos cambios, se encuentran, por ejemplo, el de la concesión de derechos a los individuos y cooperativas para cultivar productos agrícolas en fi ncas propiedad del Estado; el del derecho de adquisición de la propiedad inmobiliaria; el del establecimiento de pequeños negocios privados; el de la eliminación del tope salarial; y el de la promulgación de la Ley de Inversión Extranjera.

Por supuesto, antes de la actual gestión del presidente Obama, se habían presentado otras iniciativas, a lo largo del tiempo, para distender o relajar las relaciones entre Washington y La Habana.

Eso ocurrió, por ejemplo, durante el período de gobierno de Gerald Ford, a mediados de los años setenta, precisamente cuando los Estados Unidos estaban poniendo en ejecución su política de détente, o fl exibilización de las tensiones con la Unión Soviética, en el marco de la Guerra Fría.

Posteriormente, durante el gobierno del presidente Jimmy Carter se tomaron también varias medidas orientadas a mejorar las relaciones entre ambos países. Desafortunadamente, sin embargo, Carter se vio atrapado en una situación interna de crisis económica, así como de desafíos externos, como fue el triunfo de la Revolución islámica en Irán, que le impidieron concentrarse en una agenda cubana.

Los gobiernos de Reagan y de los Bush, tanto del padre como del hijo, implicaron un retroceso en la búsqueda de una política de coexistencia o convivencia pacífi ca entre Cuba y los Estados Unidos.

Sin embargo, durante la época del presidente Bill Clinton, en la década de los noventa, volvieron a plantearse nuevas iniciativas que procuraban un acercamiento con Cuba, y eventualmente una reanudación de relaciones formales entre la patria de Washington y la de José Martí.

Ahora, como ha podido apreciarse, se ha producido el gesto del presidente Obama. Y ese gesto, aunque tiene mucho de altruismo y generosidad, responde también al hecho de que las autoridades norteamericanas no podían dejar de contemplar, con cierta inquietud, tanto política como económicamente, la reciente ampliación y fortalecimiento de los vínculos del gobierno de Cuba con Rusia y China, potencias rivales de los Estados Unidos.

En el caso de Rusia, se trata de la visita que hizo el presidente Vladimir Putin a la isla caribeña en julio de este año, en el que condonó el 90 por ciento de la deuda cubana con su país, ascendente a 35 mil millones de dólares.

Por su parte, el presidente Xi Jimping, de China, también visitó a Cuba en el mismo mes de julio de este año, aprovechando la ocasión para ampliar los programas de inversión, comercio y cooperación entre su país y la nación cubana.

Pero antes que Rusia y China, el gobierno de Brasil había promovido una fuerte inversión para la renovación del puerto de Mariel, cerca de La Habana, y la conversión de Cuba en un centro de logística y transporte.

Reacción Norteamericana

Así pues, al tiempo que otros países ampliaban vínculos comerciales con Cuba, un núcleo de empresarios norteamericanos, que exportan alimentos, productos agrícolas y medicinas a esa nación caribeña, observaban con preocupación cómo, a pesar de una cierta relajación con respecto al embargo, sus cuotas de mercado disminuían en forma signifi cativa.

Esos empresarios, provenientes de distintos Estados de la Unión norteamericana, empezaron a enviar comunicaciones a la Casa Blanca, expresando sus inquietudes con respecto a lo que estaba ocurriendo y sus deseos de que el gobierno norteamericano les permitiera mayores actividades comerciales con Cuba.

A esas peticiones de los empresarios norteamericanos se le sumaron, desde diciembre del año pasado, siete editoriales del prestigioso diario, The New York Times, argumentando en favor del restablecimiento de vínculos formales entre los Estados Unidos y Cuba, así como diversas publicaciones de distintos centros de pensamiento que operan en Washington y que resultan muy infl uyentes entre las autoridades públicas norteamericanas.

Para iniciar un diálogo político que permitiese avanzar en la reanudación de vínculos diplomáticos entre las dos naciones, sólo parecían interponerse dos problemas: por un lado, la situación de Alan Gross, un contratista de USAID condenado a 15 años de prisión por presuntamente intentar, mediante la distribución de equipos tecnológicos, provocar desestabilización política en Cuba; y por el otro, el de los tres ciudadanos cubanos condenados en los Estados Unidos por supuestos actos de espionaje.

Para encontrarle una solución a esos problemas, el presidente Obama buscó durante los últimos tres años diversas alternativas, entre ellas, inclusive, la intermediación de la República Dominicana frente al gobierno cubano.

Pero no fue sino durante su visita al Vaticano, en el transcurso de este año, cuando pudo lograr la mediación del Papa Francisco, en adición al involucramiento del gobierno del Canadá.

Las negociaciones se realizaron. Hubo un intercambio de prisioneros, el anuncio de apertura de embajadas en las capitales de ambos países y la reanudación de relaciones diplomáticas formales.

Frente a esos hechos, sin embargo, los principales líderes cubanosnorteamericanos ante el Congreso estadounidense, los senadores Marco Rubio y Robert Menéndez, y los congresistas, Ileana Ros-Lehtinen y Mario Díaz-Balart, han expresado, como habría de esperarse, su desacuerdo con tales medidas.

Igual ha ocurrido con el exgobernador de la Florida y potencial candidato republicano para las elecciones presidenciales del 2016, Jeb Bush, quien se ha manifestado opuesto a las medidas adoptadas por el presidente Obama.

Por su lado, Hillary Clinton, posible candidata presidencial por los demócratas, aunque no se ha referido en lo inmediato a la situación, en su libro de memorias, Hard Choices, explica su punto de vista favorable al restablecimiento de relaciones con Cuba.

Todo lo anterior indica que el tema de Cuba estará en el centro de la próxima campaña electoral norteamericana, y hasta podría hacer inclinar la balanza para la elección del próximo presidente de los Estados Unidos.

Mientras tanto, a pesar del restablecimiento de los vínculos diplomáticos entre los Estados Unidos y Cuba, todavía falta, para que haya plenas relaciones entre ambos países, que se levante el embargo que pesa sobre el pueblo cubano desde hace 53 años.

Sólo cuando eso ocurra podrá afirmarse verdaderamente, que la Guerra Fría ha terminado en el Caribe.

Nacionalidad dominicana y Corte Interamericana de Derechos Humanos

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Por Leonel Fernández

(Publicado en El País el 19-11-2014)

“En la República Dominicana no hay apatridia ni discriminación. Lo que hay es el derecho soberano que tienen todos los Estados a decidir quiénes son sus nacionales”.

En su decisión del 28 de agosto de este año, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó a la República Dominicana reformar su Constitución y sus leyes, con el objetivo de conceder la nacionalidad dominicana a todas las personas nacidas en su territorio, sin importar la situación migratoria de sus padres. Una decisión semejante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no habría sido posible aplicarse en España, Italia, Francia, Bélgica, Alemania, y en fin, en ninguno de los Estados que integran la Unión Europea.

La razón se explica porque ninguna de estas naciones otorgan en sus respectivas constituciones el derecho a la nacionalidad por el simple hecho de haber nacido en su territorio, esto es, por el jus solis automático. Tampoco ese derecho existe en la República Dominicana. La Constitución dominicana prevé que son dominicanos los nacidos en su territorio, con excepción de los hijos de los diplomáticos extranjeros, así como de las personas que se encuentren en tránsito.

La Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana, en una sentencia del año 2005, estableció el criterio de que se entiende por persona en tránsito aquella que no tiene residencia permanente en el territorio dominicano. Al igual que España, los demás integrantes de la Unión Europea y la República Dominicana, 164 de los 194 Estados miembros de las Naciones Unidas no disponen de un sistema de concesión de la nacionalidad por el mero hecho de haber nacido en su territorio.

¿De dónde se deriva, entonces, el criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para ordenar al Estado dominicano la modificación de su Ley Sustantiva y demás normas, a los fines de conceder la nacionalidad por la vía del jus solis automático?

Obviamente, que de un error de interpretación. Lo que debe motivar a la Corte Interamericana, como a cualquier sistema de protección de los Derechos Humanos, es, primero, garantizar que ninguna persona quede en estado de apatridia; y segundo, que no se apliquen normas o criterios de exclusión o discriminación en el otorgamiento de la nacionalidad.

Eso, precisamente, es lo que prevé la ley española, la de las demás naciones europeas y la legislación de la República Dominicana. En ninguno de estos países, la nacionalidad se otorga por la vía del jus solis automático, y sin embargo, en ninguno de ellos existe la apatridia.

En España, por ejemplo, lo que dispone la ley es que serán españoles aquellos nacidos en territorio español cuyos padres carezcan de nacionalidad, si la legislación de éstos no otorga la nacionalidad a los hijos, o si se tratara de hijos de padres desconocidos.

Del mismo modo, en la República Dominicana, la ley prevé el mecanismo para la declaración de toda criatura nacida en territorio dominicano de padres extranjeros no residentes por ante el Consulado del país de la madre, que en ese caso hace las veces de Oficialía del Estado Civil.

Así pues, ni en España ni en República Dominicana, existe la posibilidad de que una persona quede sin derecho a una nacionalidad o en estado de apatridia. Tampoco podría hablarse de una situación de discriminación, puesto que la misma norma se aplicaría a norteamericanos, chinos, rusos, alemanes, japoneses, brasileños, venezolanos o haitianos.

La facultad que tienen los Estados de determinar quienes son sus nacionales constituye un derecho soberano y un principio básico del Derecho Internacional consagrado en la Convención de La Haya de 1930.

Estamos conscientes que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos constituye una evolución significativa en el Derecho Internacional, al concederle a los individuos la condición de sujetos no estatales de las normas internacionales, a los fines de garantizar la protección de sus derechos fundamentales. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos ganó merecido prestigio en la lucha contra las privaciones arbitrarias de libertad, las torturas y las desapariciones físicas que se suscitaban en América Latina durante el periodo de las dictaduras.

Ha sido más difícil para la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos ser más eficientes, creíbles y legítimas en sus decisiones cuando se ha tratado del análisis e interpretación de los Derechos Humanos de segunda y tercera generación. Lo acontecido con la República Dominicana, sin embargo, es más grave, pues se ha incurrido en una equivocada aplicación de normas de primera generación de los Derechos Humanos, como es el derecho a la nacionalidad.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos habría tenido razón si hubiese observado en la legislación o en la práctica de la República Dominicana, la existencia de la apatridia o de una aplicación discriminatoria de las normas. Pero no fue así. En la República Dominicana no hay apatridia ni discriminación. Lo que hay es el derecho soberano que tienen todos los Estados a decidir quiénes son sus nacionales.

Sobre este último particular, por consiguiente, la Corte Interamericana incurrió en un gravísimo error. Ordenó la modificación de la Constitución y de las leyes de la República Dominicana para otorgar la nacionalidad por la vía del jus solis automático. Al hacerlo así, la Corte Interamericana se extralimitó en su decisión.

Sencillamente, se excedió; y ante un hecho de esa naturaleza, al Estado dominicano no le queda otra alternativa que desconocer el fallo por su errónea interpretación jurídica; por su desatinada apreciación profesional; y por el hecho de que crea obligaciones que van más allá de las que dispone el Derecho Internacional.

Comunidades atlánticas: Asimetrías y convergencias

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altPor Dorval Brunelle*

Durante todo el período de la posguerra hasta la caída del Muro de Berlín en 1989, el concepto de "comunidad atlántica", ya sea en el nivel estratégico o en el simbólico, se refería esencialmente a una zona geográfica abarcando las dos orillas nortes del Atlántico; ni América Latina ni África eran incluidas. Sin embargo, se tardó casi un cuarto de siglo desde entonces y, a pesar de la puesta en marcha o expansión de varias iniciativas de tipo comunitaria en Europa, América Latina, el Caribe y África, el proyecto de creación de una comunidad atlántica implicando los países que ocupan los cuatro lados del océano no parece haber progresado de manera significativa, a pesar de que, confrontada a obstáculos indiscutiblemente más numerosos, tanto en términos de los socios que participan o de la magnitud de los retos a enfrentar, la formación de una comunidad transpacífica avanza a grandes pasos. Por lo tanto, parece haber llegado el momento de preguntarse por qué las cosas han evolucionado tan poco en el transcurso de las últimas décadas y por qué está resultando tan difícil repensar la Cuenca Atlántica hoy en día.

La pregunta merece ser planteada en primer lugar debido a que el enfoque troceado o selectivo que todavía prevalece en ambos lados del Atlántico, choca claramente con aquel que prevalece en la otra cuenca oceánica - incluso en el borde del Océano Índico - donde, desde el fin de la Guerra Fría, lograron establecerse organizaciones y agrupaciones entre los países de las dos orillas del Océano Pacífico, ya sea bajo la forma de una comunidad inspirada en el modelo europeo o de un acuerdo de libre comercio transpacífico, mientras que la noción de comunidad atlántica sigue afectada por una alta resistencia y que las negociaciones de libre comercio transatlántico entre la Unión Europea (UE) y Estados Unidos de América (EE.UU.) se aplazan cada año. Por otra parte, uno de los indicadores más fuertes de la asimetría que existe entre la cuenca del Atlántico y la del Pacífico es el número de acuerdos de libre comercio (ALC) firmados de una parte y de otra por los países de las Américas. En efecto, el número de ALC que han sido negociados por los países de las Américas con sus socios en Asia (14 en total) es mayor que el número de acuerdos que se firmaron entre ellos y sus socios en Europa (9 en total), mientras que África está ligado a las Américas por un único ALC.

Dicho esto, la persistencia de las asimetrías y de los puntos ciegos en la zona del Atlántico merece una explicación. Sólo se presentarán cuatro rápidamente, una que se sitúa en el largo plazo, las otras tres en el mediano o corto plazo. La primera explicación es la separación que ha sido establecida por los gobiernos de los Estados Unidos desde 1823, año de la proclamación de la Doctrina Monroe, entre su estrategia y su enfoque frente a sus socios en las Américas, de un lado, y los que han establecido con sus socios europeos, por el otro lado. Esta separación contribuyó a colocar las relaciones panamericanas, mas tarde interamericanas de los Estados Unidos, sobre un registro diferente de aquellas que se han establecido con Europa, con el resultado de que, ante sus ojos, nunca ha sido seriamente considerado que estos socios puedan participar activamente en la co-construcción de la comunidad transatlántica, que ellos han promovido después de la Segunda Guerra Mundial.

La segunda explicación se refiere a la unipolaridad, es decir, la adhesión de los EE.UU. a la condición de potencia hegemónica luego de la caída del muro de Berlín en 1989, un estatus que ha legitimado el uso posterior del unilateralismo de su parte. Asumiendo el papel de "sheriff recalcitrante" (Richard N. Haass, 1998) a escala del planeta en términos de seguridad, el Gobierno de los EE.UU., lejos de facilitar la expansión de las comunidades existentes a lo largo de la cuenca del Atlántico, ha escogido cabalgar solo y, al hacerlo, ha contribuido, desafortunadamente, a multiplicar los desacuerdos entre ambos lados del Atlántico Norte, pero también entre el Norte y el Sur.

La tercera explicación se basa en la yuxtaposición entre la ampliación de la Comunidad Europea a partir de 1995 y el lanzamiento de un proyecto de integración a gran escala llamado "Comunidad de las Democracias" introducido y defendido por el Presidente Clinton en la Primera Cumbre de las Américas, celebrada en Miami en diciembre de 1994. Este proyecto se fundaba sobre una ampliación y una profundización del Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que entró en vigor el 1 de enero de ese año. Sin embargo, la estrategia seguida en paralelo de ambos lados del Atlántico, más bien fortalecía en vez de debilitar la idea de que estábamos siendo testigos de la consolidación de una "Fortaleza Americana", en respuesta a la formación de una "Fortaleza Europea”. Una evidencia de esto es el hecho de que estas dos iniciativas no han favorecido la apertura hacia el otro lado de la cuenca del Atlántico, sino todo lo contrario.

Y si, por su parte, la Unión Europea practica en la misma época un atlantismo expandido debido al simple hecho de su extensión a tres nuevos miembros en 1995 , diez en 2004 y dos en 2007 , no es menos cierto que los acuerdos negociados con los países fuera de Europa, especialmente con los países de África y el Caribe, se inscribieron en una lógica llamada "de asociación", por un lado muy alejada del espíritu que subyace en la idea de la Comunidad Atlántica, y por otro lado, lejos del libre comercio negociado entre socios del borde del Pacífico. En resumen, las estrategias desarrolladas en paralelo en ambos lados del Atlántico por las potencias del Norte en sus relaciones con el Sur explican en gran manera la persistencia de estos ángulos muertos, una situación que no se encuentra sobre el borde del pacífico, dónde el legado histórico es diferente y donde la brecha entre un Norte desarrollado y un Sur subdesarrollado parece actualmente inoperante.

La cuarta y última explicación apela a los atentados del 11 de septiembre de 2001, que reforzarán tanto a los EE.UU. como a la UE con la idea de efectuar un retroceso y volver a conectar con el enfoque que prevaleció durante la guerra fría. Este cambio llevará al Parlamento Europeo a "reclamar una Estrategia europea global con una orientación estratégica a largo plazo de la asociación transatlántica" (Parlamento Europeo, 2003). Sin embargo, al sugerir que "la asociación se esté moviendo gradualmente, de una comunidad transatlántica de valores hacia una verdadera comunidad transatlántica de acción mediante el desarrollo de una estrategia y una acción de colaboración" (Art. 11), la UE favorece el fortalecimiento de un enfoque bilateral fundado sobre los intereses (económicos, estratégicos), en detrimento de un enfoque más abierto dirigido hacia otros actores (gobiernos, empresas). En resumen, en lugar de seguir el camino que se abría tras la caída del Muro de Berlín, que hubiera podido conducir a un ensanchamiento de la comunidad atlántica hacia el Sur, los atentados del 11 de septiembre empujaron al Parlamento, en nombre de la llamada guerra contra el terrorismo, a retroceder y fortalecer el enfoque bilateral que prevalecía antes de 1989.

Sin embargo, aunque los hechos mencionados acreditan la tesis según la cual efectivamente existe una continuidad entre el antes y el después de la Guerra Fría sobre las relaciones transatlánticas, lo cierto es que, en los últimos años, han surgido varios indicios que sugieren que el status quo ha durado su tiempo y que el curso de las cosas está llamado a cambiar en un plazo más o menos corto. En este sentido, la hipótesis a explorar debería tomar en cuenta el hecho de que tres nuevos factores podrían conducir a una inversión de la situación y a facilitar la creación de una comunidad atlántica más amplia. Estos factores son, en primer lugar, la multiplicación de las iniciativas transatlánticas, en segundo lugar, la acumulación de los cuestionamientos sobre la vocación ante todo de seguridad de la comunidad atlántica existente y en tercer lugar, el factor más original y prometedor, la creación de proyectos apuntando a la constitución de verdaderas comunidades tri-continentales - también llamadas comunidades cuadrilaterales - Atlánticas.

(*) Traducido al español por el Centro de Estudios de la Francofonía de FUNGLODE con el permiso del autor. 

Nuevas tendencias en las protestas populares

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Foto cnnespanol.cnn.com

Por Leonel Fernández

(Publicado en Listin Diario el 2-08-2013)

Frustrado por no haber obtenido empleo, a pesar de ser un egresado universitario; hastiado de las humillaciones recibidas por las autoridades policiales que le impedían instalarse hasta como simple buhonero en las calles de su ciudad; e impotente ante el menosprecio a sus reclamos de justicia social, Mohammed Bouazizi, una persona enteramente desconocida hasta ese momento, decidió, en diciembre del 2010, echarse gasolina, prenderse fuego y convertirse en llama humana.

Eso ocurrió en Túnez, en el Norte de África, provocando en lo inmediato, fruto de la ira popular, la caída del gobierno de Ben Ali; y posteriormente, dando origen a lo que ha sido bautizado como la Primavera Árabe, la cual, además de haber barrido con los gobiernos de Libia y Egipto, ha suscitado serias perturbaciones políticas y protestas populares en Siria, Yemen, Bahrain, Irak, Jordania y Marruecos.

En cada uno de los casos mencionados, hay un patrón común. Se trata de reacciones populares en contra de lo que se percibe como regímenes autoritarios, los cuales limitan las libertades, restringen la participación ciudadana y violan los derechos humanos.

La Primavera Árabe, por consiguiente, se convirtió, a partir del hecho simbólico de la inmolación de Mohammed Bouazizi, en un movimiento político que procuraba el cambio de régimen, de uno de tipo autoritario o dictatorial, a otro de naturaleza democrática.

Protestas tradicionales
Hoy se sostiene que la Primavera Árabe se ha convertido, más bien, en un Invierno Islámico, por el predominio de las fuerzas islamistas en varios de los países sometidos a presión, así como por la tragedia que actualmente vive Egipto, el destrozo en que se ha convertido Libia y la inestabilidad crónica que aún prevalece en Túnez.

Pero, en todo caso, lo que se quiere dejar establecido es que las protestas desatadas en varios países árabes desde el 2010 tenían una clara orientación. Eran expresiones de un movimiento político que rechazaba la estructura económi ca, social y política de un orden establecido y aspiraba a sustituirlo por un sistema democrático liberal, al estilo occidental.

Algo parecido ha ocurrido con otros movimientos de protesta que han tenido lugar en varios países de Europa y América Latina, que podrían ser considerados como de carácter tradicional.

Por ejemplo, en Europa, como consecuencia de la crisis financiera y económica global, iniciada a partir del 2008, distintos países, entre los cuales habría que destacar los casos de Grecia, España, Francia, Italia y Portugal, han tomado fuertes medidas de austeridad que han afectado, de manera muy sensible, las condiciones de vida de sus ciudadanos.

Como reacción a esas medidas, que han deteriorado las condiciones de empleo, vivienda, salud, educación y bienestar de la población, es lógico que se hayan producido oleadas de protestas populares, y que haya habido una reconfiguración del mapa electoral en el Viejo Continente, como testimonio del anhelo de que se apliquen otras disposiciones, más en consonancia con las necesidades y aspiraciones de la gente.

En América Latina también abundan las protestas populares en reclamo de realización de obras de infraestructuras, protección del medio ambiente, demandas salariales, reivindicaciones sectoriales y promoción de derechos de los indígenas, todas las cuales podrían catalogarse dentro de las de carácter tradicional que hemos conocido en la región.

El mayor desafío que estas protestas generalmente presentan al sistema político es el relativo al mantenimiento de la estabilidad política y de la gobernabilidad democrática, que suele obtenerse mediante la aplicación de una política de diálogo permanente y construcción de consensos con los grupos disidentes.

Nuevas tendencias
Sin embargo, las recientes protestas populares en lugares como Brasil, Turquía e Indonesia, para sólo citar esos casos, revelan que se está en presencia de una nueva tendencia, sin precedentes, en la realización de las protestas populares, las cuales, tal vez, podrían ser consideradas como protestas atípicas.

En esos tres casos, las protestas se iniciaron por hechos de escasa trascendencia. En Brasil, por el alza de la tarifa del transporte público. En Turquía, por el intento de construcción de un puente donde había un área verde; y en Indonesia, por el alza del pago de la electricidad.

Desde el año 2000 a la actualidad, Brasil ha vivido el mejor y más brillante período de su historia, en términos de crecimien to económico, prosperidad, modernización, reducción de pobreza y liderazgo político regional e internacional.

Como consecuencia de ese proceso de avance y desarrollo, forma parte de un exclusivo grupo de países de economías emergentes, conocidos como BRICS ( Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica); del G-20, en el que participan las principales potencias económicas, políticas y militares del mundo; y se ha considerado que en una eventual reforma del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, se le incluya como miembro permanente.

Sus últimos tres presidentes, Fernando Henrique Cardoso, Luiz Ignacio, Lula, da Silva, y la actual, Dilma Rousseff, son considerados líderes carismáticos, inteligentes, de gran arrastre popular y de notable prestigio mundial.

Por lo tanto, resultó inesperado, y hasta cierto punto, desconcertante, el movimiento de protestas populares que se desencadenó en esa gran nación sudamericana, desde mediados del mes de junio.

Lo que resulta novedoso de esa ola de protestas que ha tenido lugar en Brasil, es que no se trata de una acción de los pobres, de los excluidos de las favelas, sino, más bien, de los jóvenes de clase media urbana, esto es, de los más favorecidos por las políticas sociales de los últimos tres gobiernos.

Pero, en adición, no se trata, tampoco, de un movimiento originado por los partidos políticos de oposición, por los sindicatos o grupos de presión, sino, por el contrario, de un movimiento que ha contado con poca organización, carece de un liderazgo específico, se expande rápidamente, en forma viral, y tiene capacidad para convocar y movilizar.

Promotores de las protestas
Entre las demandas planteadas por los jóvenes promotores de las protestas estaba el de exigir mayor atención a la educación, la salud y los servicios públicos, en general, así como mayor transparencia a las instituciones políticas.

Todo eso ha conducido a algunos analistas a considerar que en la raíz de las protestas en Brasil, así como en Turquía o Indonesia, lo que se revela es una crisis de la política, que se traduce en una desconfianza de los partidos políticos, de los líderes y de las instituciones.

No compartimos ese criterio. Al revés, consideramos que lo que esos movimientos de protesta ponen de manifiesto es una nueva dinámica de participación política, y un desafío a las formas convencionales de participación en el sistema político, en la que hay una clase media emergente, surgida precisamente del éxito de las políticas económicas y sociales aplicadas durante la última década, la cual, influida por lo que se ha dado en conocer como la “Revolución de las expectativas crecientes”, ya no se conforma con las conquistas obtenidas.

Obviamente, un componente esencial de las nuevas tendencias en las protestas populares tiene mucho que ver con el uso de las tecnologías de la comunicación, muy especialmente el Internet y las redes sociales.

En el año 2000, en el Brasil sólo el 3 por ciento de la población tenía acceso a Internet. En la actualidad, esa cifra alcanza el 45 por ciento.

Más aún, con una población por encima de 192 millones de habitantes, Brasil ocupa actualmente el cuarto lugar en el mundo, luego de China, India y Estados Unidos, en tener la mayor cantidad de teléfonos móviles.

En estos momentos, los brasileños disponen de más de 265 millones de teléfonos móviles o celulares, con lo cual quiere decirse que en Brasil hay más teléfonos que personas, y que, por consiguiente, para los fines de comunicación por las redes sociales, esto es, twitter y facebook, entre otras, es uno de los mejor conectados del planeta.

El crecimiento económico, la modernización, el desarrollo urbano, la transformación social y la expansión de la clase media no ha sido en América Latina, durante los últimos años, un fenómeno exclusivo de Brasil. También ha abarcado a diversos otros países de la región, incluyendo la República Dominicana. Luego, habría que reflexionar si en las protestas de nueva tendencia hay elementos coyunturales específicos de Brasil, que explican ese fenómeno, o si, por el contrario, ese será un desafío ineludible de los países de la región, fruto, paradójicamente, del progreso y la prosperidad. 

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